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Brasil, el procurador general acusa a los fiscales del Lava Jato

El procurador general de Brasil, Augusto Aras, denunció a los fiscales a cargo de la investigación del caso Lava Jato, de haber montado una red ilegal de espionaje de unas 38.000 personas. La acusación surge del análisis de los 35 terabytes de información recabada por el grupo especial creado en 2014 para investigar el mas grande caso de corrupción de la historia brasilera. Según Aras, entre esos documentos se encuentra también información personal de miles de ciudadanos que, en el ámbito de las pesquisas internacionales como la de las coimas pagadas por la multinacional Odebrecht, podría haber sido entregada a agencias extranjeras como el FBI o el Departamento de Justicia de los EEUU. “No se sabe cómo estas personas fueron elegidas para ser investigadas”, explicó Aras en una conferencia el pasado miércoles. “No se puede imaginar que una unidad institucional tenga una caja de secretos, una institución de la república no se puede servir de la extorsión, de espiar, no puede valerse de ningún propósito no republicano”, agregó. La operación Lava Jato destapó un esquema de lavado de dinero que asciende a más de 2.600 millones de dólares, y que involucra a empresas estatales, sectores de todos los partidos políticos brasileños y organizaciones criminales. Entre los condenados se encuentra también el ex presidente Lula da Silva, cuyo juicio le impidió ser candidato en las elecciones de 2018 siendo favorito, y allanando así el camino para la victoria de Jair Bolsonaro. El juez a cargo del procedimiento, Sergio Moro, fue luego nombrado Ministro de Justicia por el mismo Bolsonaro, cargo al que renunció en abril pasado por discrepancias acerca de los nombramientos en ámbitos como la policía y el poder judicial, entre ellos el del mismo Aras. El trabajo de la fiscalía ya había sido puesto en duda en 2019 tras la publicación de una serie de chats entre los mismos investigadores. De las transcripciones publicadas por The Intercept se desprende que el juez a cargo del juicio a Lula, Moro, enviaba indicaciones y sugerencias a la acusación para lograr una condena. El diputado de la principal fuerza de oposición, el Partido de los Trabajadores, Paulo Pimenta, ya interpuso una interpelación parlamentaria y pidió la creación de una comisión investigadora.

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