Un viento de esperanza en Colombia

de Alessandra Ciurlo

Artículo publicado en el Forum America Latina: ¿Qué pasa? del Cespi

Las protestas que estallaron en Colombia en noviembre de 2019 pasarán a la historia por su adhesión, la diversidad de las personas involucradas y su carácter pacífico. Sin embargo, es solo el paso de un largo proceso de reivindicaciones de muchas categorías sociales contra un estado silencioso que no puede mitigar un malestar social complejo que es difícil de llevar a una sola matriz.

Uno de los elementos de indudable importancia, fundamental para comprender la situación actual es el conflicto armado que ha durado más de cincuenta años y el siguiente proceso de paz. La guerra enfrentó a diferentes fuerzas: guerrilleros, ejército, grupos paramilitares, bandas criminales y narcotraficantes que lucharon por la gestión de la tierra. Con la firme determinación del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y del grupo guerrillero Farc-Ep, después de años de intensas negociaciones, se firmaron los históricos acuerdos de paz en noviembre de 2016 que incluyeron varios puntos, entre los cuales la reforma agraria, uno de los nudos más problemáticos en la historia del país jamás resueltos y un sistema articulado de reparación integral para los aproximadamente ocho millones de víctimas, basado en la búsqueda de la verdad para no repetir y reconciliar.

El postconflicto, que presuponía la implementación de una serie de medidas y leyes para alcanzar los puntos establecidos en los acuerdos, resultó ser una carrera de obstáculos, lenta y difícil. Pesaban la resistencia de buena parte de la sociedad y del partido de gobierno que se oponía al proceso de paz, así como la debilidad del Estado y de sus instituciones. Las que deberían ser las políticas estatales para garantizar la continuidad del camino que se empezó se revelan como expresiones del gobierno de turno que cambia cada cuatro años. Iván Duque, presidente desde 2018, enemigo declarado de los acuerdos de paz, ha reducido significativamente los recursos que se le asignan dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), lo que dificulta la implementación de los acuerdos. Además, las instituciones del Estado no pueden garantizar su presencia en los territorios más lejanos del centro de poder y más afectados por los conflictos armados, también debido a sus limitaciones estructurales. Los territorios aún se ven afectados por un choque abierto entre quienes compiten por las áreas de mayor interés económico para la expansión de actividades mineras ilegales, para grandes propiedades y para megaproyectos extractivos perjudiciales para el medio ambiente y para quienes viven en las áreas involucradas.

El gobierno demuestra que no puede garantizar la seguridad de la población con el consiguiente aumento en el ya preocupante número de asesinatos de excombatientes reintegrados en la vida política y social, de activistas, líderes sociales e indígenas y defensores de derechos humanos que han estado luchando durante años por la defensa de sus territorios. En estos mismos territorios, el fenómeno del desplazamiento interno forzado, que había sufrido un compás de espera en la última fase del proceso de paz, repuso, haciendo nuevas víctimas.

No hace falta decir que en estas condiciones en una parte de la ciudadanía crece un malestar que se suma a la fuerte inquietud por las políticas económicas neoliberales aplicadas a lo largo de la historia del país. Vale la pena señalar que Colombia es uno de esos países latinoamericanos que nunca ha tenido gobiernos progresistas con políticas sociales efectivas, y donde la oposición ha tenido una vida difícil y también ha sido objeto de persecuciones, estigmatizadas y marcadas por fuertes prejuicios que incrementan la polarización.

La protesta, a menudo violentamente reprimida, involucra a muchos sectores de la sociedad: en los últimos años hubo una serie de huelgas entre camioneros y transportistas (2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), entre trabajadores públicos de la justicia (2012, 2014), de la salud (2013, 2015) y de la Educación (todos los años desde 2010 hasta hoy). El descontento se refiere principalmente a políticas que reducen los salarios y empeoran las condiciones de trabajo y los beneficios sociales ya limitados.

En el sector agrícola, las protestas son muy intensas con la participación de campesinos de muchas áreas del país que a menudo dan lugar a huelgas nacionales (2011, 2013, 2013, 2014, 2016) y la organización de grupos indígenas en las llamadas mingas, grupos de amigos y conocidos que tienen como objetivo lo de trabajar para la comunidad. Las protestas expresan el rechazo del modelo económico de libre comercio y repudian a las pandillas criminales e ilegales que operan en las áreas donde residen. Aunque los nativos han estado luchando durante añose en las varias áreas, desde 2017 se han unido a la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular logrando reunirse en torno a un objetivo común.

La huelga nacional que empezó el 21 de noviembre de 2019 marca el hito de la protesta social en Colombia. Antes de esa fecha, los sindicatos, algunas organizaciones estudiantiles y organizaciones sociales de base participaron principalmente en las manifestaciones: grupos y colectivos autoorganizados, miles de jóvenes y personas de las clases media y baja participaron en la huelga nacional masiva en noviembre. Estos sectores han unido sus fuerzas contra el gobierno, oponiéndose a la privatización de bienes, servicios e instituciones públicas y a la contribución inequitativa que aumenta la precariedad y las desigualdades sociales. Requieren la implementación de acuerdos de paz, la continuación del diálogo con el grupo guerrillero Eln y la adopción de verdaderas políticas ambientales.

Denuncian enérgicamente los asesinatos de activistas sociales y exigen un compromiso para combatir la corrupción y su propagación en muchos sectores estatales y en el mundo político.

El gobierno intentó obstaculizar la huelga en los días anteriores demonizando a los manifestantes y fomentando la sensación de miedo en la población con una campaña mediática centrada en el vandalismo que se habría producido. También procedió a militarizar algunas áreas de las principales ciudades, con cacheos e intimidaciones de grupos de artistas y ciudadanos. Posteriormente, continuó minimizando la fuerza y ​​la amplitud de la protesta, pero ante la presión popular, tuvo que sentarse a hablar, expresando su intención de "escuchar", pero en ningún caso negociar, y mucho menos activar una mesa de conciertos para no correr el riesgo de poner en tela de juicio las políticas que encuentran consenso entre las clases ricas, que se beneficiaron profusamente del ciclo expansivo de la economía de los años anteriores.

Aunque el paro continúa y tiene varios nombramientos para 2020, el gobierno ha adoptado la estrategia de expandir las reuniones con el comité organizador para desinflarlo y agudizar sus diferencias internas hasta que se destruya la protesta. Un comportamiento apoyado por las élites gobernantes que parecen ignorar los resultados obtenidos por la oposición en las elecciones administrativas de octubre de 2019 y que demuestran una profunda desconexión con una buena parte de la sociedad. Siguen arrogantemente persiguiendo los intereses de unos pocos, convencidos de que el desempeño de los indicadores macroeconómicos, en general positivos, demuestran la validez del modelo adoptado.

En el Congreso de la República, el gobierno continúa su carrera para aprobar la reforma laboral y de pensiones gracias al apoyo de los partidos tradicionales, independientemente del hecho de que estas reformas están en el centro de las disputas y que varias pruebas empíricas demuestran cómo los jóvenes no han garantizado un futuro económico y social debido a las dificultades para acceder al mercado laboral.

En un contexto de profunda polarización y antagonismo social, con una política corrupta y de mecenazgo y un gobierno que no tiene un proyecto nacional inclusivo, se podría pensar que el sistema político está en crisis. Sin embargo, esto parece ser una hipótesis arriesgada, probablemente haya un proceso de cambio con resultados impredecibles. Sin embargo, no hay duda de que las protestas han logrado activar una parte de la sociedad hasta ahora impasible, contribuyendo así al complejo fortalecimiento de una democracia todavía disfuncional que hace alarde de un abstencionismo político muy alto (47% en las elecciones presidenciales de 2018).

Las protestas dan una gran esperanza porque mantienen el interés y la convicción de que los ciudadanos pueden pedir un país más justo y no violento. Hasta hace unos años, un escenario imposible de concebir y probablemente hoy gracias también al proceso de paz y al cambio en el paradigma según el cual quien piense "de manera diferente" se considera un subversivo y un enemigo que hay que aniquilar. Hoy más que nunca, Europa debería apoyar enérgicamente a la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos y al delicado proceso de consolidación de la paz.

Alessandra Ciurlo

Profesora de Investigación Social en la Facultad de Ciencias sociales de la Pontificia Università Gregoriana de Roma

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